Se trata de las salas de juego que hoy están en manos del histórico socio de Cristóbal López; pasará del 20 al 30%
Luego de confirmar la concesión hasta el 2019, el Gobierno dispuso hoy por decreto aumentar el canon que los casinos flotantes de la Capital Federal deberán pagar el Estado. Así, las salas de juego de los barcos de Puerto Madero, hoy comandados por Ricardo Benedicto -mano derecha de Cristóbal López – y Cirsa, deberán pasar de pagar el 20% de los beneficios que obtienen de las apuestas, al 30%.
Según señalaron fuentes oficiales, ese cambio podría significar U$D 20 millones anuales más que irían a las arcas estatales. Los casinos flotantes de Puerto Madero vienen sosteniendo un régimen de privilegio: son los únicos en el país que pagan un canon del 20% mientras que el Hipódromo de Palermo abona el 30% (más otro 5% de impuesto a la actividad hípica) y en la provincia las salas de juego deben pagar el 34%.
«El benchmarking nacional nos da que los canones están entre 30 y 34%. El 20% era un escándalo», alegaron desde el Gobierno en diálogo con LA NACION. Las fuentes oficiales no descartan que el histórico socio de Cristóbal López y Cirsa busquen judicializar la medida por considerar que tienen derechos adquiridos. «La administración tiene derecho a ejercer lo que se llama el ius variandi y modificar las condiciones de una concesión», enfatizaron.
El decreto estipula que el canon se distribuirá entre Loterías, la secretaria de Deportes y el Ministerio de Desarrollo Social.
Traspaso
La medida para aumentar el canon, publicada hoy en el Boletín Oficial nacional, se enmarca en el traspaso del juego de la Nación a la órbita del gobierno de la Ciudad. A fines del año pasado, la Legislatura porteña votó la ley de traspaso del juego de la Nación a la Ciudad. La norma terminó de abrochar un pacto que se gestó durante todo 2016: el Hipódromo de Palermo (donde Cristóbal López aún tiene participación) y los casinos flotantes de Puerto Madero deberán pagar su millonaria deuda tributaria y abonar cánones más altos. Pero mantendrán todos sus «derechos adquiridos». Es decir, seguirán vigentes las concesiones que les otorgó Néstor Kirchner. En el caso del hipódromo llegan hasta 2032 y en el de los casinos, hasta 2019.
Quien diseñó este nuevo escenario fue Fabián «Pepin» Rodríguez Simón, parlamentario del Mercosur y asesor de Mauricio Macri en temas legales. En lo formal, asumió como asesor ad honorem de Lotería Nacional y del Instituto del Juego Porteño.
El hipódromo es de Federico De Achával. Junto con Casino Club (donde, según confirmaron fuentes de la firma, Cristóbal López aún mantiene el 30%), explota las máquinas tragamonedas del predio hípico. En los casinos flotantes de Puerto Madero, López vendió su parte a Ricardo Benedicto, su histórico socio en el mercado lúdico.
La primera tratativa que encaró «Pepín» fue por la millonaria deuda de ingresos brutos con la Ciudad. Si bien Rodríguez Simón llegó a decir que la deuda por ingresos brutos rozaba los $ 8000 millones, al final, los operadores entraron en moratoria por $ 2100. Casi un cuarto.
«Lo que decidimos es que se queden pero regularizarlos, que nos paguen la deuda impositiva y el canon. Sino entraríamos en un laberinto judicial y fomentaríamos el juego clandestino», se justificaron desde el Gobierno en diálogo con LA NACION.
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